Aprobada en el Congreso una PNL sobre requisitos en la formación de Peritos Judiciales

LA ASOCIACIÓN INFORMA

Aprobada en el Congreso una PNL sobre requisitos en la formación de Peritos Judiciales

El pasado mes de diciembre de 2013 la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debatió y aprobó una Proposición No de Ley relativa al establecimiento de requisitos mínimos en la formación de Peritos Judiciales

Según afirma este Grupo Parlamentario, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, al regular los operadores jurídicos que tratan con la Administración de Justicia, no estipula “cuáles han de ser los requisitos de formación en materia jurídica” de estos profesionales ni el tipo de actuación que deben llevar a cabo.

Creación de un Registro General a nivel nacional (dependiente del Ministerio de Justicia) que incluya profesionales de los diferentes ámbitos que cumpla tales requisitos “de manera similar a lo que el reglamento de mediación prevee para los mediadores”.

Lo que permitirá un mejor asesoramiento a los magistrados, jueces y partes involucradas en los procesos, redundando esto en una mejora del funcionamiento de la administración de justicia.

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

X LEGISLATURA

SERIE D: GENERAL

15 DE OCTUBRE DE 2013

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

Comisión de Justicia

161/002019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El ambicioso plan de reformas estructurales que está realizando el Ministerio de Justicia necesita de mecanismos y recursos materiales pero, sobre todo, de personal profesional. Sin embargo, la formación y actividad de este personal se encuentra en ocasiones inadecuadamente regulada. Es el caso de los diferentes colectivos de peritos judiciales.

Entre este personal que desarrolla su actividad profesional en torno a la Administración de Justicia y que demanda nuevas fórmulas para realizar sus actividades en el ámbito judicial se encuentra, por ejemplo, el colectivo de “psicólogos jurídicos”.

La “psicología jurídica” se define como un área de trabajo e investigación psicológica especializada, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la Ley y la Justicia.

Actualmente, a los psicólogos que realizan su actividad en el marco de la Administración de Justicia no se les exige una formación específica en materia jurídica. Se trata de una situación delicada, si tenemos en cuenta que la labor de los psicólogos forenses es imprescindible en la actuación de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales, ya que entre sus funciones se encuentran las siguientes:

a) El asesoramiento sobre el perfil psicológico de los sujetos que son objeto de un proceso, tanto al Juez como a las partes.

b) La realización de peritajes psicológicos que proporcionen al Juez un conocimiento científico para la toma de decisiones.

Aplicando estas funciones a la actividad de los diferentes órdenes jurisdiccionales y de los diferentes Tribunales especializados por razón de la materia que hay en España, y siguiendo las indicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, se dan las diferencias que se exponen a continuación:

1. En la psicología aplicada a los procedimientos de menores, el psicólogo debe informar sobre la situación del menor y sobre las posibilidades de su reeducación y tratamiento.

2. En la psicología aplicada al Derecho de Familia, los psicólogos deben asesorar al Juez en los procesos de separación y divorcio sobre las medidas a adoptar respecto a los hijos y sobre otras situaciones, tales como nulidad, matrimonio de menores, etc.; también en los casos sobre acogimientos y adopciones.

3. En la psicología aplicada al Derecho Civil, el psicólogo se centra en el asesoramiento y en el peritaje de diversos constructos jurídicos, como la capacidad civil en la toma de decisiones (contratos, testamentos, tutela, cambio de sexo, esterilización de deficientes, etc.).

4. En la psicología aplicada al orden jurisdiccional social, el psicólogo suele ser requerido para asesorar a los Juzgados en materia de secuelas psicológicas en accidentes laborales o simulación; y en problemas psicofisiológicos, que contempla la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Finalmente, en la psicología aplicada al ámbito Penal, la labor que realizan los psicólogos es la de diagnóstico y evaluación de personas implicadas en procesos penales, que servirá de asesoramiento a los Jueces y Tribunales para determinar las circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal, daño moral, secuelas psíquicas, etc.

Por otro lado, la “psicología jurídica” no sólo está condicionada por la materia de la que se trata, sino también por la relación de los psicólogos que la ejercen con los Jueces y con las partes, así como por el método con el que abordan cada proceso.

El Handbook of Forensic Psychology constituye el marco de referencia de la “psicología judicial” y establece las principales diferencias entre el psicólogo jurídico y el psicólogo general, centrándose en el tipo de cliente con el que se trabaja, las respuestas que se dan y las relaciones profesionales. Todos estos aspectos exigen una preparación concreta en cuanto a su relación con la Administración de Justicia.

Esta modificación supondría la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que los psicólogos, al tener una mayor calidad profesional, podrán asesorar de mejor manera a los Magistrados, Jueces y partes involucradas en los procesos. Todo ello redundaría en el principio fundamental de la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24 de la Constitución Española.

Como sucede en el caso de los psicólogos, que hemos pormenorizado, otros colectivos de peritos judiciales requieren también actuaciones similares para afrontar su situación. El Grupo Parlamentario Popular apoya que el Gobierno tome medidas en este sentido. Y al igual que este Grupo, también el Defensor del Pueblo, los Jueces de Familia, profesores universitarios y otros tantos sectores que conocen de primera mano la labor que realizan estos profesionales.

Para controlar que esos requisitos se cumplen, el Ministerio de Justicia, habrá de considerar la creación de un registro en el que aparezcan reflejados los profesionales que superen los requisitos de capacidad y profesionalidad por el Ministerio fijados, de manera similar a lo que el Reglamento de Mediación prevé para los mediadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

– Establecer unos requisitos mínimos de conocimientos y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida que realicen su actividad ante la Administración de Justicia.

– Asimismo, a considerar la creación de un registro a nivel nacional en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia.”

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 486

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 24

celebrada el martes,

17 de diciembre de 2013

– RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNOS REQUISITOS MÍNIMOS EN LA FORMACIÓN DE PSICÓLOGOS FORENSES Y OTROS PERITOS JUDICIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002019).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Castillo Calvín.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, mediante esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso insta al Gobierno a establecer los requisitos mínimos de conocimiento y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida en que realicen su actividad ante la Administración de Justicia. Asimismo, solicitamos al Gobierno que considere la creación de un registro a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos.

Señorías, los psicólogos y otros colectivos de peritos judiciales que prestan sus servicios en la Administración pueden ser personal laboral, en cuyo caso, para su ingreso, han tenido que superar un proceso selectivo, en el que han demostrado sus conocimientos de forma suficiente para poder desempeñar las tareas que tienen encomendadas. En este caso, desde el momento en que se produce su ingreso, pueden participar en todos los cursos de formación programados en los planes de formación anuales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, tanto en los de carácter general, dirigidos a todas las categorías laborales, como en los específicos de su categoría. Junto a este personal laboral existe la figura del psicólogo y del perito, que realizan su actividad en el marco de la Administración de Justicia, prestando sus servicios de forma puntual bien como profesionales independientes o bien trabajando para organismos judiciales a través de una empresa en el supuesto de

que este servicio esté licitado. Lo cierto es que la labor de estos psicólogos, psiquiatras y peritos forenses es imprescindible en la actuación de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales, ya que entre sus funciones se encuentran el asesoramiento sobre el perfil psicológico de los sujetos que son objeto de un proceso tanto al juez como a las partes, así como la realización de peritajes que proporcionen al juez un conocimiento científico para la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, la legislación española, concretamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, al regular los operadores jurídicos que tratan con la Administración de Justicia, no hace referencia a cómo ha de desarrollarse la actuación de estos profesionales o a cuáles han de ser los requisitos de formación específica en materia jurídica que han de cumplir. Por este motivo, tanto el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España como el Defensor del Pueblo, los jueces de familia, los profesores universitarios y otros tantos sectores que conocen de primera mano la labor que realizan estos profesionales reclaman, como de manera explícita se manifiesta en esta propuesta, que se tomen medidas para asegurar la calidad de quienes realizan estas funciones ante los tribunales de justicia. Lo cierto es que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Justicia, como bien saben, está trabajando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como anunció el ministro de Justicia el pasado 7 mayo, cuando presentó ante esta Comisión el trabajo del grupo de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene libro VII, bajo la rúbrica del ministerio fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Entre los sujetos objeto de regulación en este apartado se encuentran abogados, procuradores y Policía judicial, pero también resulta necesario y debe ser una prioridad regular adecuadamente el acceso de aquellas otras profesiones no jurídicas que desarrollan actividades ante nuestros juzgados y tribunales y que, sin ser personal laboral, como ocurre con los psicólogos, forenses, peritos, traductores, mediadores o administraciones concursales, entre otros, realizan labores de asesoramiento y por tanto prestan un servicio auxiliar pero no por ello poco relevante. Lo cierto es que con el actual sistema no se garantiza en todos los casos ni la suficiente formación especializada ni la necesaria experiencia. Por ello, resulta indudable que existen disfunciones que conviene resolver si es que queremos contar con una justicia de calidad y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad, única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad.

El Grupo Parlamentario Popular apuesta por la profesionalidad y calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la Administración de Justicia, ante los diferentes órdenes jurisdiccionales y en los diferentes tribunales especializados por razón de las materias que hay en España. Así lo demostró en la tramitación de la Ley de Mediación, cuando aceptó enmiendas dirigidas a reforzar la formación de los mediadores, o en esta misma comisión, presentando una proposición no de ley, que abordaba las mismas exigencias que ahora se solicitan, para el colectivo de traductores, intérpretes judiciales y jurados, propuesta que fue aprobada por una amplia mayoría de los grupos parlamentarios. Al igual que en aquellas ocasiones, ahora solicitamos que el Ministerio de Justicia exija una formación adecuada y uniforme, a la vez que fija una formación continuada la materia, para mantener los niveles de profesionalidad. Además, para garantizar que los requisitos mínimos y uniformes de formación y experiencia profesional que marca el Gobierno se cumplen, resulta necesario crear uno o varios registros dependientes del Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas, en los que se escriban aquellos profesionales que superen los requisitos de capacidad y profesionalidad que el ministerio fije, de manera similar a lo previsto en el reciente real decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Este registro, además de constituir una garantía procedimental en aquellos casos en los que la justicia se ve obligada a recurrir a la

colaboración externa de psicólogos y peritos forenses, facilitaría la prestación del servicio y redundaría en el principio fundamental de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la Constitución. Espero que por las razones expuestas esta proposición no de ley cuente con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley del Grupo Popular no se han presentado enmiendas. En consecuencia, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Intervengo brevemente, para señalar que en esta materia reclamamos competencias plenas para nuestras respectivas comunidades. En esa medida, consideramos que establecer todos estos criterios a nivel estatal carece de sentido. Por estas razones, estamos en contra de la propuesta.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de UPyD? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural? Señor Llamazares, tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Antes criticaba las iniciativas de incienso. En esta no sé el perfume que tengo que percibir, pero veo una confusión total. En relación con la exposición de motivos, se confunde psicología con psiquiatría. Ese, en mi opinión, es un tema de redacción básica. Se da toda la competencia a psicólogos, incluso en el ámbito penal, y al final, en el mandato, se refiere a psicólogos y psiquiatras forenses. Habría que madurar este tipo de iniciativas desde el punto de vista del conocimiento, pero aún más, en el ámbito que nos compete, desde el punto de vista competencial. De hecho -lo comentaran otros diputados de esta Comisión-, esta cuestión está transferida a las comunidades autónomas. Lo único voy a argumentar es mi abstención en esta materia, porque no tengo claro qué es lo que quiere realmente el Grupo Parlamentario Popular. No lo sé y como no he concluido de su intervención una mayor claridad, voy a abstenerme, si bien creo que hay razones para que el propio Grupo Popular retire esta iniciativa, que no cumple ni siquiera criterios de incienso. Estos perfumes extraños no sé qué pueden significar al final.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Anunciamos el voto contrario a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Cataluña tiene traspasadas las funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Así lo recogen el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 103, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 471.1. Concretamente, la Generalitat de Catalunya tiene asumidas competencias en relación con el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, en materias relativas al estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, la formación inicial y continuada, la provisión de destinos, los ascensos, las situaciones administrativas, la jornada laboral, el horario de trabajo y el régimen disciplinario, según lo que establece el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, como también el Real Decreto 441/1996, de 1 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.

Por todo ello, cualquier iniciativa estatal reguladora de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales y la creación de un registro estatal podrían invadir competencias propias de la Generalitat de Catalunya. Por ello vamos a votar en contra de esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Sin entrar en lo concreto del asunto, que lo haré después, nos traen ustedes una PNL cuya necesidad justifican diciendo que redundaría en una mejora del principio fundamental de la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución española. Aunque la diputada del Partido Popular que antes ha intervenido decía que era extemporáneo hablar de la ley de tasas, la tutela judicial efectiva está plenamente relacionada con dicha ley, y no es nada extemporáneo. No sé si ella habrá visto la revista del Consejo General de la Abogacía del mes pasado, cuya portada tenía que ver con la manifestación reiterada en contra de todos los operadores jurídicos, en este caso de los abogados. La casualidad, como ha dicho mi compañero Antonio Camacho -por eso no voy a insistir en el fondo-, ha querido que precisamente hoy se cumpla un año desde que entró en vigor esta ley, que vulnera gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva; una ley con un claro interés recaudatorio, que en unos casos impide y en otros limita el acceso de los ciudadanos a la justicia; una ley que no hace otra cosa que generar injusticias, ¿o acaso se ha percibido alguna mejora en el sistema judicial tras este primer año de vigencia de la ley? Ni siquiera la excusa de destinar la recaudación a mejorar la asistencia jurídica gratuita se ha puesto en marcha. No pueden ustedes ampararse en que proponen esta regulación de los peritos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la están atacando gravemente con todas sus decisiones políticas. Todas las decisiones que está adoptando este Gobierno, tanto en materia de justicia como en otras áreas, están mermando los derechos fundamentales de los ciudadanos, están rompiendo principios básicos de la arquitectura constitucional. Por eso no podemos apoyar su proposición no de ley, porque estamos radicalmente en contra de las políticas que están desarrollando. Nos parece un ejercicio de cinismo que el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno y que apoyó la ley de tasas, que respalda la regresiva reforma del Código Penal, la propuesta de la nueva ley de seguridad ciudadana o la criminalización de las mujeres con la reforma del aborto, nos venga hoy a pedir el apoyo para regular un aspecto puntual de la Administración de Justicia amparándose en la mejora de la tutela judicial de los ciudadanos. A priori, sin entrar en el asunto de las competencias, al que también se ha hecho referencia, nos parece apropiado que se pueda hablar de una especial cualificación de todos los profesionales y también de los peritos judiciales e incluso de la creación de este registro, pero habría que concretar el modo en el que se van a adquirir estos conocimientos a los que nos estamos refiriendo, si se está pensando en una formación reglada o detrás de esto también está el negocio de alguna escuela de formación. Como comentaba antes, no vamos a apoyar esta iniciativa, porque no queremos ser cómplices de la estrategia del despiste, de la estrategia del engaño a los ciudadanos. Entendemos que ustedes quieran calmar su conciencia, pero no cuenten con nosotros en tanto en cuanto no restituyan los derechos que están siendo atacados por sus políticas. A veces da la sensación de que no han tenido bastante, de que tras dos años de recortes de derechos comienzan ahora los recortes de las libertades. Resumiendo y como conclusión, nos abstendremos, porque no se puede estar lesionando la tutela judicial efectiva y después, con pequeños detalles, con pequeños gestos, hacerse valedor de la misma.

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