El Gobierno estudia dar más respaldo jurídico a Policía y Guardia Civil ante la okupación de viviendas

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El Ministerio del Interior se encuentra trabajando en un protocolo operativo para que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tengan directrices comunes y mayor respaldo jurídico ante una ocupación ilegal de un inmueble. Estas nuevas medidas se van a llevar a cabo después de que los grupos de la oposición hayan denunciado el aumento de las okupaciones durante el primer semestre del año.

Según publica el diario ABC, todavía se desconoce las líneas maestras del nuevo protocolo. Pero desde la Fiscalía General del Estado se estaría estudiando también dictar instrucciones en los casos de ocupación ilegal que unifiquen la actuación en todo el territorio. Estas instrucciones estarían enfocadas a explorar la vía del desalojo cautelar en los casos de usurpación, una vez confirmada de quién es la propiedad.

Con estas medidas se pretende agilizar un proceso que en la actualidad, y por la vía civil, se extiende hasta más de un año, lo que pondría en evidencia el fracaso del anterior cambio normativo del 2 de julio de 2018, popularmente conocido como desahucio express (desalojo por precario), que nació con la vocación de acelerar los plazos y los trámites de los desalojos.

Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se han presentado más de 40 denuncias de okupaciones de inmuebles al día. En total, las denuncias ascendieron a 7.450, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior.

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